La nueva ley del procedimiento administrativo entrada en vigor

El pasado octubre, se aprobó la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El objeto de esta ley es regular las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos, pretendiendo implantar una Administración inminentemente electrónica, interconectada y transparente, con la única finalidad de mejorar la agilidad de los procedimientos administrativos, reduciendo el tiempo de tramitación.

Aunque las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con la Administración Pública a través de medios electrónicos, las que ejercen una actividad profesional de colegiación obligatoria, están totalmente obligadas cuanto quieran realizar trámites o actuaciones en ejercicio de dicha actividad. Y finalmente, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica estarán obligadas en cualquier caso.

ley del procedimiento administrativo

Desde hace años, las administraciones han ido implantando sedes electrónicas para su funcionamiento, y en este sentido, plataformas como e-TRAM del consorcio AOC han sido de gran utilidad. Sin embargo, la entrada en vigor de esta ley, pone de manifiesto la necesidad, por parte de las administraciones locales, de disponer de los procedimientos administrativos bien definidos, así como de las herramientas tecnológicas necesarias para poder desarrollarlos. Se trata de un reto que afecta por igual a todo tipo de municipios y que, en los municipios de dimensiones más reducidas contará con el apoyo tecnológico de las administraciones superiores, como la Generalitat o el Estado.

Con todo, el propósito más complicado será trasladar los circuitos actuales de la tramitación administrativa a un escenario más cercano y comprensible que permita la explotación, con todo su potencial, de las tecnologías digitales. Para llevarlo a cabo, los ayuntamientos deberán realizar un esfuerzo adicional, tanto a nivel interno como beneficiándose de las colaboraciones que se puedan establecer con asesorías y consultorías externas.